De
acuerdo con los datos del censo escolar de 2018,
en El Salvador existen 6025 centros
escolares, de los cuales 5143 pertenecen al sector público y 882 al
privado
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| Centros
escolares públicos y privados por departamento. Elaboración propia con datos del censo escolar 2018 del Ministerio de Educación (MINED) |
Para cumplir con la función pedagógica de cada
nivel educativo es importante que los centros escolares cuenten con
instalaciones completas y en buen estado. El
censo para el año 2000 elaborado por la Dirección Nacional de
Evaluación e Inventarios del Ministerio de Educación indica que
para ese año el país contaba con un total de 5,878 centros
educativos, de los cuales 4,858 pertenecían al sector público, con
los que se tenía una oferta de 31,505 aulas.
Como parte de la evaluación de
los daños ocasionados por los terremotos del 13 de enero y 13 de
febrero de 2001, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) elaboró los documentos denominados “El terremoto
del 13 de enero de 2001 en El Salvador. Impacto socioeconómico y
ambiental” y “El Salvador: evaluación del terremoto del martes
13 de febrero de 2001” en los que indica, sobre la base de
estimaciones propias y datos proporcionados por el MINED, que el
terremoto del 13 de enero de 2001 dejó 1,366 centros escolares
públicos dañados, de los cuales 96 quedaron completamente
destruidos, 191 sufrieron daños severos, 1,079 presentaron daños
moderados y 27 fueron utilizados como albergues. Posteriormente, el
13 de febrero, 335 centros escolares resultaron dañados, de los
cuales 185 ya habían sufrido algún tipo de daño el 13 de enero.
Las metas y avances del plan
2021
Dentro de su planteamiento, el
Plan Nacional de Educación
2021 incluye
cuatro líneas estratégicas y
diversas políticas, dentro de las cuales se encuentran aquellas
orientadas a la infraestructura escolar.
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| Elaboración propia con datos del documento “Primer Aniversario Plan Nacional de Educación 2021 (Marzo 2005- Marzo 2006)” |
El Plan reconoce
que hay serias deficiencias en la infraestructura en
muchas de las escuelas, así como improvisación de locales y
problemas en la propiedad de los terrenos. La situación es más
grave en las zonas rurales y urbano-marginales.
El Plan establece tres categorías
de intervención:
- Reemplazo. Construcción nueva de la infraestructura de los centros educativos que laboran en locales alquilados o prestados, sustitución de la infraestructura inadecuada que funciona en locales improvisados.
- Rehabilitación. Reparación y adecuación de la infraestructura existente, construcción de los espacios complementarios para el desarrollo de los programas pedagógicos y construcción de las obras de protección física necesaria
- Ampliación. Construcción de aulas adicionales en escuelas existentes para incorporar demanda no atendida.
La materialización de esta parte del Plan
corresponde al Programa Edificaciones Escolares (EDIFICA). Este
programa prioriza las zonas rurales y urbano-marginales con cuatro
componentes:
Si bien el Plan consideró una visión de largo plazo, solamente
podía presupuestar el periodo del Ejecutivo, es decir, de 2004 a
2009. El criterio de selección de los centros escolares a ser
atendidos fue centrarse en centros educativos que presentaran
necesidades urgentes de atención, en zonas geográficas estratégicas
para la visión global de políticas de este periodo presidencia: 100
municipios más pobres identificados por la iniciativa Red Solidaria.
Estas instituciones debían estar ubicadas
en la zona rural, agrupados en las Redes
Escolares Efectivas, que constituyeron
la principal estrategia educativa del
programa gubernamental Red Solidaria. En
cuanto a las zonas urbano – marginales, serían centros
educativos en el área metropolitana de San Salvador, focalizadas por
la iniciativa Escuelas Efectivas y Solidarias.
En concordancia con la política
“Educación para la diversidad” de la línea estratégica “Acceso
a la educación”, se hizo énfasis en las Escuelas de Educación
Especial, procurando que los espacios educativos respondieran a los
requerimientos planteados en la Ley de Equiparación de Oportunidades
para las personas con Discapacidad y en la Política de Atención a
la Diversidad en el Sistema Educativo.
Otro componente especial lo
constituyeron los Centros Escolares EDUCO, ubicados en la zona rural
en donde existe demanda educativa. Para éstos, el plan buscaba
mejorar la infraestructura existente y ampliar los espacios escolares
para brindar servicios de Educación Media.
El Sistema Integrado de Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno (SI EITP)
En 2009 inicia un nuevo periodo
presidencial y se modifica el modelo educativo. El nuevo plan se
denominó Programa social educativo “Vamos a la escuela”. El
documento de presentación de este plan fue lanzado en octubre de
2009 y en él se indica que es necesario redefinir la escuela,
redefinir el aula, rediseñándolas. Un rediseño de la escuela para
adecuarla a las necesidades de la época y del futuro, lo cual
incluye: sustituir el viejo concepto de enseñanzas por materias por
el de enseñanza por disciplinas; sustituir el concepto de maestro
por el de grupo docente; acercar al alumno a su contexto de vida, en
vez de someterlo a un programa centralizado uniforme; provocar el
desarrollo de una escuela de la investigación; conformar una escuela
de tiempo pleno. La Escuela de Tiempo Pleno (ETP) responde a una
programación de jornada mucho más prolongada, en la cual se
combinan metódica y orgánicamente los espacios de trabajo de grupo,
las pausas, los espacios reservados al desarrollo y a la iniciativa
personal, el tiempo de la recreación y el juego. Todas estas
acciones pedagógicas requieren espacios físicos para desarrollarse.
Se retoma además el componente de inclusión, llegando así al
concepto de intervención de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno
(EITP).
El modelo
pedagógico EITP abarca aspectos sociales, económicos y físicos.
Dentro de este enfoque, el componente físico que es la
construcción, rehabilitación o sustitución de un aula, es el medio
para materializar la meta de implementar el modelo pedagógico.
Durante este periodo, el MINED
organizó territorialmente los centros educativos. Cada centro
escolar quedó asociado con otros cercanos con los que comparte un
territorio, centran sus esfuerzos por ampliar las oportunidades de
aprendizaje de manera conjunta, completar los servicios educativos en
el territorio, potenciar sus recursos e integrar a múltiples actores
para involucrarlos en el desarrollo de los procesos educativos de la
comunidad.
Dentro de las diversas fuentes de financiamiento que se obtuvieron
para este programa de Gobierno, se encuentra el Proyecto
“Mejoramiento de la calidad educativa préstamo 8110-SV/BIRF”
proveniente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF). Con este préstamo se buscó apoyar la creación de las
condiciones apropiadas de enseñanza y aprendizaje en 378 escuelas
aglutinadas en 40 SI-EITP en 29 municipios del país, así como el
fortalecimiento institucional, principalmente en los aspectos
jurídicos, asistencia técnica y gobernabilidad. Según indica la
fuente, el universo fue amplio. Con una infraestructura total
bajo el concepto de Centros Escolares Integrales solo fueron
atendidos 36 proyectos. Hubo otros grupos de centros escolares a los
que se les dio el financiamiento bajo el concepto de reparaciones
menores, una modalidad de intervención diferente. “Las necesidades
siempre son altas, la demanda es alta y el factor económico es lo
que les pone un límite.” expresó.
En cuanto al alcance del Programa, se atendió a 36 centros escolares que fueron
renovados en su totalidad como centros escolares integrales, 210
intervenidos en reparaciones menores cuyo monto no excede el monto
legal para contrataciones directas, alrededor de 60 mil dólares.
Además de los proyectos macro y los proyectos intermedios, fueron
más de 400 centros escolares a los que se les apoyó con mobiliario:
se sustituye la existencia de mobiliario, kits para laboratorios de
ciencias, dotación de instrumentos musicales, implementos para
clases de música, cada componente está ligado a una necesidad
específica.
Al ser consultada sobre los criterios para seleccionar los centros
escolares que serán beneficiados, la fuente explica que se
seleccionaron municipios beneficiarios, los cuales debían tener
índices económicos de extrema pobreza. “Este proyecto fue una
continuidad de lo que el MINED tenía en su planificación de
potenciar las escuelas inclusivas. Desde 2009 la cooperación
italiana comenzó a implementar esto en una asesoría en el
componente pedagógico, eligieron tres municipios piloto en Usulután,
La Libertad y Sonsonate. Ahí se comenzaron a potenciar los Sistemas
Integrados”. El proyecto BIRF atendió centros escolares en casi
todos los departamentos, los 36 seleccionados para ser transformados
en centros integrales están distribuidos en todo el país. Estos
proyectos conllevan mayor esfuerzo y complejidad y son sometidos a
procesos de licitación porque incluyen edificios nuevos, aclaró.
No todos los centros escolares
cumplen los requisitos para ser atendidos: la legalidad es un primer
filtro, la escritura debe estar a favor del MINED. “Esto es insumo
necesario para todos los trámites de factibilidad que se requieren
para materializar el proyecto.” indica.
Otros requisitos provienen del
área pedagógica, la demanda de matrícula, la organización del
sistema integrado, ya que se encuentra establecido cuál centro
escolar es la sede del sistema y hacia ese se dirigen las
intervenciones. “Una sede de SI tiene una oferta educativa total,
desde parvularia hasta bachillerato.” Hace énfasis en que
para que un centro escolar sea seleccionado debe existir espacio para
expansión. “Un centro escolar integral va más allá de las aulas
de clase. Las jornadas extendidas obligan a dotar de otros espacios
complementarios: comedor estudiantil, cancha de usos múltiples
techadas, bibliotecas, laboratorios, aulas informáticas, todo eso
necesita espacio para poderlos construir. Las sedes atienden a eso,
que estén focalizadas dentro de un radio de acción y cumplan con
esas características”.
La cantidad de centros escolares a
ser atendidos también depende de los fondos disponibles y del monto
requerido para cada intervención. La inversión incluye la
planificación, las factibilidades, el inmueble, la materialización
del proyecto constructivo. “No hay un dato que pueda ser tomado
como norma, cada intervención atiende a una demanda específica. Los
proyectos desarrollados, la mayoría sobrepasa el millón de dólares
para dejarlos con todos los espacios necesarios, tanto para las
clases tradicionales como para la jornada extendida. La
infraestructura respeta y atiende toda la normativa de construcción
vigente, pasa por controles de calidad. El millón de dólares es
solamente de construcción, queda fuera todo lo que se invierte
previamente en estudios preliminares, diseños, trámites, Al final
cada proyecto si comienza desde cero no podría ser menor de $1.5 o
$2 millones. Por muy sencillo que fuera, un aula por cada nivel
educativo desde preparatoria hasta bachillerato, si bien es cierto no
se diseña para un solo uso sino que se toman en cuenta los dobles
turnos y las modalidades flexibles, es una inversión bastante
fuerte.” explicó el experto.
Llegar a un proyecto terminado es un proceso que demora varios años. Después de pasar todos los filtros y ser
seleccionado como centro escolar a intervenir y contar con
financiamiento aprobado, en la parte técnica se deben superar tres
fases: diseño (formulación de la carpeta técnica), fase de
licitación y proyecto de construcción.
En cuanto a los tiempos de cada
fase, indica que en promedio a las formulaciones se les da
seis meses, esto en una condición ideal en que la legalidad del
inmueble estuviera en orden, donde el MINED estuviera al día en pago
de impuestos municipales y servicios de agua potable y energía
eléctrica, ya que la mora en esos rubros demora el avance en la
formulación. Las instituciones que extienden permisos requieren
solvencias municipales y de servicios básicos. Cada paso que se da
depende de un agente externo que no es responsabilidad de los
formuladores. A veces seis meses no son suficientes, se pueden
demorar hasta un año, lo cual es un punto débil del proceso.
“Digamos que en un año se termina la carpeta técnica. Hay casos
extremos y puede ser que algún trámite sea denegado y pueda
eliminarse a ese centro escolar de la lista de ejecución.”
El proceso de licitación para
definir quién va a construir y quién va a supervisar, demora como
mínimo seis meses en condiciones relativamente ideales. La tercera
fase, que ya es en sí el proyecto de construcción, ronda los 280
días, de ocho a diez meses de ejecución. “Si comenzamos a sumar,
en unos tres años se logra materializar un proyecto.” recalcó.
En su experiencia, considera que ciertos aspectos del
proceso podrían mejorarse. Uno de ellos es la transición entre
Titulares de la Institución. “Estos proyectos se ven afectados
cuando hay transiciones de Gobierno Central, todo se para. Cuando una
nueva autoridad llega no conoce la historia específica, tienen
derecho a cuestionar, a ser informados y a ponerlos en contexto.”
Las fuentes de financiamiento controlan estos aspectos para
garantizar los plazos y apoyan al área técnica del MINED para dar
continuidad a las condiciones que se establecieron en los acuerdos de
ejecución “Pero ya en la toma de decisiones sí se siente un
freno, una pausa. Podría mejorarse que el protocolo de este tipo de
cambios impactara menos en la ejecución de las obras.” señaló.
